El Congreso rechaza con la abstención de Junts la enmienda del PP para aplazar el cierre de las nucleares
El pleno de la Congreso de los Diputados ha tumbado este jueves la enmienda impulsada por el Partido Popular al proyecto de la Ley de Movilidad Sostenible que pretendía aplazar el cierre de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). Pero más allá del éxito táctico del Gobierno, la votación deja sin responder varios interrogantes críticos sobre el impacto que tendrán esos cierres forzados en la seguridad del suministro eléctrico, en las emisiones de CO₂ y en el precio de la electricidad..
Con los focos encendidos sobre la transición energética, el Congreso ha protagonizado este jueves un pulso político que va más allá de una simple victoria parlamentaria: ha rechazado, gracias a la abstención decisiva del Junts, la enmienda del PP que buscaba eliminar o dilatar la fecha de cese de explotación de las tres centrales nucleares. En la votación, 172 diputados votaron en contra y 171 a favor.
La propuesta del PP, apoyada en el Senado, pretendía remover del texto de la ley la obligatoriedad de ajuste del calendario para el cierre de las plantas de Almaraz, Ascó y Cofrentes, con el argumento de que la España del siglo XXI no puede permitirse desligarse de la tecnología nuclear sin poner en riesgo su suministro. El Gobierno, por el contrario, sostuvo que el calendario había sido fijado tras acuerdo y que la apuesta por las renovables, apoyada en financiación europea, es compatible con una España moderna y descarbonizada.
Hasta aquí la anécdota parlamentaria. Pero lo realmente relevante se desplazó al trasfondo: porque cerrar las centrales sin una estrategia de sustitución que garantice lo que esas instalaciones aportan —seguridad de suministro, bajas emisiones, precios competitivos— acarrea riesgos que no se han tenido suficientemente en cuenta.
Seguridad del suministro
Las centrales nucleares, como las de Almaraz o Ascó, operan como generadoras base: generan electricidad de manera continua, con alta disponibilidad, lo que refuerza la estabilidad del sistema. Según un informe de Foro Nuclear, la reducción prematura de esa capacidad representaría un aumento de la dependencia de combustibles fósiles o de importaciones energéticas.
Una de las fuentes consultadas advierte que el sistema eléctrico peninsular está poco interconectado con Europa (~2% de capacidad frente al objetivo del 10-15%), lo que agrava la vulnerabilidad ante picos de demanda o averías graves. Si se apaga antes de tiempo una parte significativa de la generación nuclear, la red se expone a tensiones, cortes o a tener que acudir a plantas de gas o ciclos combinados para cubrir huecos.
Emisiones y transición ecológica
Hay, además, paradojas estimulantes: se cierra una fuente que no emite CO₂ directamente, para sustituirla por otras que podrían hacerlo. Un estudio de la consultora PwC para Cataluña estimó que prolongar la vida de las tres centrales allí podría ahorrar 5.400 millones de euros, y que cerrarlas antes de lo previsto implicaría un aumento de hasta el 240% de las emisiones locales de CO₂.
A nivel nacional, se calcula que retirar la energía nuclear sin sustitución adecuada podría añadir hasta 6 veces más consumo de gas y más importaciones energéticas, lo cual debilita los compromisos climáticos de España.
Así pues, el cierre “verde” anunciado de las centrales se convierte en un ejercicio de fe si no se asegura que las renovables, el almacenamiento, las interconexiones y la demanda gestionada estén listas para asumir el relevo. De lo contrario, lo que se gana en cosmética climática se puede perder en emisiones reales.
Precios de la electricidad
El otro gran damnificado podría ser el bolsillo del consumidor. Según la propia industria eléctrica, cerrar la nuclear sin sustitución sería “un error mayúsculo”: Iberdrola calcula que los precios al consumo podrían subir entre un 25 % y un 30 %. En Cataluña, el informe citado estimó que la factura eléctrica se encarecería al menos un 33 %.
La razón no es gratuita: sustituir un kilovatio-hora nuclear con uno procedente de gas o ciclos combinados es más caro, más contaminante y más expuesto a volatilidad de precios del combustible. Si las centrales se apagan pero la transición aún no está madura, el sistema eléctrico queda más débil, más caro y más incierto.
El rechazo de la enmienda del PP supone una victoria simbólica para el Gobierno pero no cierra el debate. De hecho, el calendario de cierre sigue en pie, pero la industria ya ha solicitado formalmente prórrogas para la planta de Almaraz hasta 2030. Las consecuencias económicas, técnicas y climáticas de esos cierres están sobre la mesa, aunque han sido apenas ventiladas en el hemiciclo. La ley de movilidad se convierte así en vehículo de una discusión que, quizás, debería haberse abordado desde una ley de sector eléctrico o energética, para evitar mezclas confusas.
El PP acusó al Gobierno de aferrarse a una hoja de ruta ideológica en lugar de estudiar informes técnicos y escenarios reales; el Ejecutivo respondió que la seguridad del sistema y los compromisos europeos mandan. La votación de hoy no fue solo una derrota para la enmienda del PP: es una llamada de atención para que España afronte con seriedad lo que significa cerrar sus nucleares. No basta con aprobar un calendario; hace falta asegurar que el sistema que las sustituya opere con la misma seguridad, menor coste, menos emisiones y sin hacer tragar al consumidor y al país un sobrecoste energético o un retroceso climático.
