La Comisión Europea prepara una reforma del mercado eléctrico para reducir impuestos a la electricidad
La Comisión Europea trabaja en un borrador de reglamento que obligaría a los Estados miembros a gravar la electricidad por debajo del gas natural, revisaría la estructura de peajes y cargos de red e introduciría nuevos incentivos para desplazar el consumo a las horas con energía más barata. La propuesta, aún sujeta a cambios antes de su publicación formal, forma parte de la respuesta comunitaria al encarecimiento de la energía y al objetivo de reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles.
La Comisión Europea prepara una nueva intervención regulatoria sobre el mercado interior de la electricidad con un objetivo doble, abaratar la factura eléctrica de hogares y empresas y acelerar la sustitución del gas, el petróleo y otros combustibles fósiles por usos eléctricos en la industria, la calefacción y el transporte. La iniciativa, articulada en forma de borrador de reglamento, pretende modificar las reglas europeas para introducir criterios comunes sobre fiscalidad energética, peajes de red, contadores inteligentes y señales de precio que permitan a los consumidores adaptar su demanda a los momentos de menor coste del sistema.
La propuesta todavía no ha sido presentada oficialmente y puede sufrir cambios antes de su publicación, prevista para el 22 de julio, pero sus líneas principales revelan un giro importante en la estrategia energética de Bruselas. La Comisión no plantea una reforma radical del mecanismo marginalista de formación de precios, ya revisado en la reforma eléctrica aprobada en 2024, sino una intervención sobre los componentes regulados y fiscales de la factura. En la práctica, Bruselas busca reducir el peso relativo de la electricidad frente al gas natural para que electrificar consumos resulte económicamente más atractivo.
El punto más relevante del borrador es la obligación de que los Estados miembros establezcan una fiscalidad más favorable para la electricidad que para el gas. Los Gobiernos nacionales seguirían conservando margen para fijar sus propios tipos impositivos, pero deberían respetar el principio de que el consumo eléctrico no puede estar gravado por encima del gas natural. La Comisión considera que esta diferencia de tratamiento es imprescindible para incentivar tecnologías como las bombas de calor, los vehículos eléctricos o determinados procesos industriales electrificables, que en muchos países siguen compitiendo con combustibles fósiles fiscalmente más ventajosos.
Cargos y peajes de red
La reforma también aborda los cargos y peajes de red. Estos costes, destinados a financiar la operación, mantenimiento y ampliación de las redes de transporte y distribución, representan una parte sustancial del recibo eléctrico en la Unión Europea. Bruselas no pretende eliminar esa financiación, indispensable en un momento de fuertes inversiones en redes, almacenamiento, digitalización e integración renovable, pero sí quiere rediseñar los incentivos para que los usuarios utilicen la red de manera más eficiente.
El borrador defiende que los consumidores deben recibir señales económicas para desplazar su consumo hacia las horas y lugares en los que la electricidad sea más barata y el sistema esté menos tensionado. Esto implica avanzar hacia tarifas más dinámicas, cargos de red más inteligentes y mecanismos que premien el uso flexible de la demanda. La lógica es que en un sistema con una penetración creciente de renovables variables, no basta con producir más energía limpia, también resulta imprescindible consumir mejor, adaptar la demanda a la disponibilidad de generación y reducir los picos que obligan a sobredimensionar redes y mantener centrales de respaldo.
Para hacer posible ese cambio, la Comisión plantea un objetivo específico de despliegue de contadores inteligentes para que al menos la mitad de los clientes eléctricos de la Unión disponga de uno en 2030. Estos equipos son la infraestructura básica para que los consumidores conozcan sus patrones de consumo, puedan acogerse a precios horarios o dinámicos y participen en servicios de flexibilidad, agregación o autoconsumo compartido.
Plan de Acción para una Energía Asequible
La iniciativa se enmarca en el Plan de Acción para una Energía Asequible y en el paquete de medidas dirigido a los ciudadanos presentado por la Comisión en marzo. Bruselas parte de un diagnóstico claro: los precios de la electricidad siguen siendo un problema de competitividad para la industria europea y una fuente de presión social para hogares vulnerables. Aunque la crisis energética de 2022 desencadenada por la invasión rusa de Ucrania ya obligó a reformar el diseño del mercado eléctrico, la Unión considera ahora que debe actuar sobre otros componentes del recibo y sobre la demanda si quiere rebajar costes de forma estructural.
El contexto geopolítico añade urgencia a la propuesta. La volatilidad de los mercados internacionales de petróleo y gas ha vuelto a poner de manifiesto la dependencia europea de los combustibles importados. La Comisión sostiene que abaratar relativamente la electricidad no solo reduce la factura, sino que refuerza la seguridad energética y acelera la transición hacia fuentes autóctonas de generación, especialmente renovables y otras tecnologías bajas en carbono. La electrificación deja así de presentarse únicamente como una política climática y pasa a ser también una estrategia industrial y de autonomía energética.
La propuesta, sin embargo, puede abrir un conflicto jurídico y político entre Bruselas y varios Estados miembros. La fiscalidad energética ha sido tradicionalmente una materia muy sensible, sometida en muchos casos a reglas de unanimidad y a fuertes resistencias nacionales. Algunos países temen que utilizar un reglamento sobre mercado interior para imponer criterios fiscales pueda sentar un precedente y limitar su soberanía tributaria. Otros recelan de que la reducción de impuestos eléctricos obligue a buscar ingresos alternativos o a trasladar costes a otros componentes de la factura.
También existen dudas sobre el impacto distributivo de la reforma. Una fiscalidad más favorable a la electricidad puede beneficiar a quienes ya pueden electrificar su consumo, instalar bombas de calor, adquirir vehículos eléctricos o adaptar sus hábitos a precios variables. Pero no todos los hogares tienen la misma capacidad de inversión ni la misma flexibilidad. Por eso la Comisión vincula la reforma a medidas de protección de consumidores vulnerables, lucha contra la pobreza energética y despliegue de herramientas que permitan acceder a los beneficios de la flexibilidad sin trasladar más complejidad al ciudadano.
La negociación será previsiblemente compleja. El borrador necesitará el apoyo del Parlamento Europeo y de una mayoría reforzada de Estados miembros, pero la resistencia de algunos Gobiernos puede retrasar o suavizar el texto. En juego no está solo una rebaja coyuntural de la luz, sino el modelo de electrificación de la próxima década. Bruselas quiere que consumir electricidad limpia sea más barato que seguir quemando gas. La pregunta es si los Estados miembros aceptarán ceder parte de su margen fiscal y regulatorio para hacer posible esa transición.
