Bruselas lanza la Ley de Aceleración Industrial para impulsar el “Made in Europe” y reducir la dependencia de China

La Comisión Europea presentó ayer la llamada Ley de Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act), un ambicioso proyecto legislativo destinado a reforzar la base industrial del continente, acelerar la descarbonización de sectores estratégicos y reducir la dependencia de proveedores externos, especialmente de China. Impulsada por el vicepresidente ejecutivo para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, la norma pretende utilizar la contratación pública, los incentivos financieros y nuevas reglas sobre inversiones para favorecer la producción industrial dentro de la Unión.

La nueva ley, presentada formalmente el 5 de marzo, y de cuya preparación ya informamos el pasado 10 de febrero, constituye una de las piezas centrales de la estrategia industrial de la actual Comisión Europea y se inserta en el marco del llamado Clean Industrial Deal, la hoja de ruta con la que Bruselas pretende compatibilizar la transición energética con el mantenimiento del tejido industrial europeo.

La iniciativa responde a una preocupación creciente en Bruselas: el peso de la industria manufacturera en la economía europea ha ido reduciéndose en las últimas décadas, pasando del 17,4 % al 14,3 % del PIB en 2024. El objetivo declarado del nuevo marco legislativo es revertir esa tendencia y elevar la participación industrial hasta el 20 % del PIB en 2035, reforzando al mismo tiempo la autonomía estratégica del continente en sectores clave.

En la presentación del texto, Séjourné defendió que la medida pretende garantizar que Europa siga siendo una potencia industrial en un contexto de creciente rivalidad geoeconómica. Según explicó la Comisión, el reglamento busca aumentar la demanda de tecnologías y productos industriales fabricados en Europa y con bajas emisiones, apoyando al mismo tiempo el crecimiento empresarial y la creación de empleo.

La ley llega después de meses de negociaciones internas y retrasos. El proyecto se había anunciado inicialmente para comienzos de año, pero su presentación se pospuso varias semanas debido a desacuerdos entre Estados miembros sobre el alcance de la cláusula “Made in Europe” y sobre cómo equilibrar la protección de la industria europea con el mantenimiento de un mercado abierto.

El texto finalmente presentado introduce una batería de instrumentos regulatorios y financieros para estimular la producción industrial en territorio europeo. Entre las medidas más relevantes destaca la introducción de criterios de contenido europeo y de bajas emisiones en la contratación pública y en los programas de apoyo financiero, lo que obligará a las administraciones a priorizar productos fabricados en la Unión cuando utilicen fondos públicos.

Estos requisitos afectarán inicialmente a sectores considerados estratégicos, entre ellos el acero, el cemento, el aluminio, el sector automovilístico y las tecnologías net-zero, como paneles solares, baterías, electrolizadores, turbinas eólicas o bombas de calor.

La normativa también introduce mecanismos para favorecer materiales industriales con bajas emisiones, como acero o cemento “verdes”, en proyectos financiados con dinero público. En algunos casos se prevén cuotas concretas de utilización de materiales de bajo carbono en infraestructuras o proyectos industriales financiados por la UE.

Otra de las medidas centrales del proyecto consiste en simplificar y acelerar los procedimientos administrativos para proyectos industriales estratégicos, incluyendo la creación de zonas prioritarias de desarrollo industrial en las que se agilizarán permisos y trámites para nuevas instalaciones productivas.

Reglas más estrictas para la inversión extranjera

La Comisión también ha incluido reglas más estrictas para la inversión extranjera en sectores estratégicos, con el objetivo de evitar que actores externos controlen eslabones clave de las cadenas de suministro europeas. Algunas inversiones podrían quedar condicionadas a la participación de socios europeos o a compromisos de transferencia tecnológica.

El proyecto utiliza además el enorme poder de compra de las administraciones europeas —estimado en más de dos billones de euros anuales— como palanca industrial para impulsar el consumo de productos fabricados en Europa y garantizar cadenas de suministro más resilientes.

Desde el punto de vista económico, la Comisión calcula que el plan podría crear o preservar alrededor de 150.000 empleos industriales, especialmente en sectores como la fabricación de baterías, la energía solar o la industria pesada en proceso de descarbonización.

Reacciones al proyecto

Las reacciones al nuevo proyecto han sido variadas. Algunos sectores industriales han acogido positivamente la iniciativa. El responsable de asuntos europeos de la empresa energética Moeve, Emmanuel Desplechin, considera que la simplificación administrativa y la creación de zonas industriales prioritarias pueden mejorar la competitividad europea y acelerar el despliegue de tecnologías como el hidrógeno renovable.

En el plano político, varios eurodiputados ecologistas han defendido el giro industrial de Bruselas, al considerar que la UE debe abandonar lo que califican como “ingenuidad comercial” frente a la competencia global.

Sin embargo, la propuesta también ha suscitado críticas. Asociaciones empresariales y algunos gobiernos temen que las cláusulas de contenido europeo puedan derivar en un aumento de costes y tensiones comerciales con socios internacionales.

Además, algunos economistas advierten de que la política industrial europea no podrá resolver por sí sola problemas estructurales de competitividad, como el exceso de burocracia, los elevados precios de la energía o la brecha tecnológica frente a Estados Unidos y China.

En cualquier caso, el texto presentado por la Comisión es solo el primer paso del proceso legislativo. La propuesta deberá ahora ser negociada y aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por los Estados miembros, un trámite que previsiblemente abrirá un intenso debate entre los países más partidarios de una política industrial europea más proteccionista y aquellos que prefieren mantener un enfoque más liberal en el mercado único.

Con todo, la Ley de Aceleración Industrial marca un cambio de tono significativo en la política económica europea. Tras décadas en las que el mercado interior y la regulación climática habían sido los principales instrumentos comunitarios, Bruselas apuesta ahora por una política industrial más explícita, orientada a reforzar su autonomía estratégica en un mundo cada vez más marcado por la competencia entre grandes bloques económicos.