Transición energética sin agua: un riesgo que España no puede permitirse

Cada 22 de marzo, el Día Mundial del Agua nos invita a reflexionar sobre un recurso esencial para la vida. Pero en la España de hoy el agua es algo más que un bien natural: es una pieza crítica del engranaje energético. Y, sin embargo, sigue siendo tratada como un actor secundario en una transición que cada vez depende más de su capacidad de sostener el sistema.

El debate energético se ha simplificado en exceso. Solar y eólica concentran titulares, inversiones y planificación. Pero la realidad técnica es mucho más incómoda: un sistema basado mayoritariamente en renovables intermitentes necesita respaldo, almacenamiento y capacidad de regulación. Y ahí es donde el agua, a través de la hidráulica, deja de ser una opción para convertirse en una condición imprescindible.

Los propios objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 evidencian esta tensión. España aspira a que el 81% de la generación eléctrica sea renovable en 2030 y a que el 48% del consumo final de energía provenga de fuentes limpias. Además, la demanda eléctrica crecerá de forma muy significativa, en torno a un 34% respecto a 2019, impulsada por la electrificación de la economía.

Más renovables, más demanda, menos margen de error.

Y, sin embargo, el mismo plan que eleva la ambición renovable no sitúa con suficiente claridad el papel estructural del agua. Se habla de instalar hasta 160 GW de potencia renovable y de alcanzar 22,5 GW de almacenamiento, pero se evita abordar con la misma contundencia una cuestión clave: ¿con qué herramientas reales se va a estabilizar el sistema cuando el viento no sople y el sol no brille?

A esta ecuación se suma un factor decisivo que rara vez se incorpora con la suficiente honestidad al debate público: el cierre progresivo del parque nuclear. Hoy, la nuclear sigue aportando cerca del 19% del mix eléctrico, funcionando como una base estable y continua. Su desaparición no solo reduce potencia firme, elimina uno de los principales anclajes de estabilidad del sistema.

El resultado es evidente: España avanza hacia un modelo con más dependencia de fuentes variables, mayor demanda eléctrica y menor respaldo estructural.

Y los datos más recientes refuerzan esta preocupación. A cierre de 2025, la eólica se mantiene como primera tecnología del mix con un 21,6%, seguida de la nuclear (19%), la solar fotovoltaica (18,4%) y el ciclo combinado (16,8%). La hidráulica, por su parte, aporta un 12,4% del total de la generación eléctrica. En conjunto, el 75,5% de la electricidad se produce sin emisiones de CO₂ equivalente.

A simple vista, el sistema parece sólido. Pero una lectura más profunda revela su fragilidad: las dos principales tecnologías son intermitentes, la nuclear está en retirada y la hidráulica, que es la única gran renovable estable, no está siendo reforzada al ritmo que exige el sistema.

En ese escenario, el papel del agua no solo crece, se vuelve crítico.

Las presas y embalses son, en la práctica, las únicas “baterías naturales” plenamente operativas a gran escala. Permiten almacenar energía, gestionar picos de demanda y responder en cuestión de minutos a las necesidades del sistema. Son, además, infraestructuras estratégicas para la gestión de sequías, avenidas y planificación territorial. Y, sin embargo, su potencial sigue infrautilizado en el debate energético.

Más aún, en algunos casos, directamente cuestionado.

España corre el riesgo de cometer un error estratégico si reduce o desatiende su capacidad hidráulica en plena transición energética. El debate sobre el desmantelamiento de infraestructuras, la falta de impulso a nuevas soluciones hidráulicas o la presión regulatoria sobre determinadas instalaciones, especialmente las minihidráulicas, contrasta con la necesidad real del sistema.

Las centrales minihidráulicas representan un ejemplo claro de esta contradicción. Son renovables, gestionables, distribuidas y con un impacto ambiental relativamente bajo si están bien diseñadas. Contribuyen directamente a los objetivos de descarbonización, energía y clima, y refuerzan la resiliencia del sistema eléctrico. Sin embargo, su papel ha sido progresivamente relegado, cuando debería ser reforzado.

Si España aspira a cumplir los objetivos del PNIEC, 81% de electricidad renovable, 48% de energía final renovable y una reducción del 32% de emisiones, no puede permitirse prescindir de una de las pocas tecnologías capaces de aportar estabilidad al sistema.

La transición energética no es solo una carrera por instalar megavatios renovables. Es, sobre todo, un desafío de ingeniería: integrar generación, almacenamiento y gestión de forma coherente. Y en ese equilibrio, el agua es el elemento que conecta todas las piezas.

Ignorar esta realidad no es neutral, tiene consecuencias.

Significa aceptar un sistema más volátil, más dependiente de tecnologías de respaldo fósil en momentos críticos y más expuesto a tensiones de suministro. Significa, en definitiva, debilitar la seguridad energética en nombre de una transición que corre el riesgo de construirse sobre una base incompleta.

Por eso, el Día Mundial del Agua debería servir también para plantear una crítica constructiva pero firme: España necesita incorporar el agua, y la energía hidráulica, al centro de su estrategia energética.

No basta con mantener lo existente. Es necesario modernizar las presas, reforzar su seguridad, optimizar su operación y apostar decididamente por ampliar la capacidad hidráulica, incluida la minihidráulica. Porque sin agua, la transición energética será más inestable, más cara y más incierta.

El futuro energético no depende solo de cuánto sol o viento tengamos, sino de nuestra capacidad para gestionar su ausencia.

Y esa capacidad, hoy por hoy, sigue fluyendo por nuestros ríos.