La reforma del Estadio de Gran Canaria queda desierta y evidencia el choque entre las licitaciones y los costes reales de las obras

Ninguna constructora ha presentado oferta a la licitación de 174,7 millones de euros para transformar el recinto de Siete Palmas de cara al Mundial de 2030. El fracaso del concurso señala un problema cada vez más frecuente en la obra pública: presupuestos ajustados, plazos incompatibles con la complejidad técnica y un reparto de riesgos que hace inviable la concurrencia empresarial.

La reforma integral del Estadio de Gran Canaria para el Mundial de 2030 ha sufrido su primer gran revés antes incluso de comenzar las obras. La licitación convocada por el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, con un presupuesto base de 174,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses, ha quedado desierta al no presentarse ninguna empresa al concurso. El expediente, publicado el pasado 3 de junio en la Plataforma de Contratación del Sector Público, cerró el plazo de presentación de ofertas el 7 de julio a las 12.00 horas sin ninguna propuesta sobre la mesa.

El resultado supone un serio aviso técnico y económico para el Cabildo y para el calendario de la sede canaria del Mundial. La actuación debía ejecutarse en tres años para permitir que el estadio estuviera terminado en 2029, con margen suficiente antes de la celebración del campeonato en el verano de 2030. Pero el mercado ha respondido con una señal inequívoca: con las condiciones planteadas, ni las constructoras locales ni las grandes empresas especializadas han considerado asumible presentar oferta.

La obra no es una simple remodelación estética. El proyecto contempla una intervención integral sobre una infraestructura deportiva en uso, con actuaciones sobre estructura, envolvente, instalaciones, compartimentación, acabados, accesibilidad, eficiencia energética, sostenibilidad, operación inteligente y seguridad. La reforma prevé ampliar el aforo actual, situado en torno a los 32.400 espectadores, hasta más de 41.000 plazas, además de transformar el recinto en un estadio multifuncional adaptado a los estándares exigidos para una competición internacional.

Cubierta “rueda de bicicleta”

Entre los elementos técnicos más relevantes figura la construcción de una nueva cubierta singular tipo “rueda de bicicleta”, una solución estructural ligera basada en sistemas cableados que obliga a una ejecución precisa y a una planificación muy exigente. También está prevista la renovación de la fachada, con una envolvente inspirada en patrones de pintaderas canarias, así como la reorganización de accesos, aparcamientos y circulaciones. El proyecto incluye 597 plazas de aparcamiento, ampliables hasta 623, y la conexión funcional con un aparcamiento colindante de al menos 3.500 plazas para grandes eventos.

A esa complejidad se suma un condicionante decisivo: el estadio no puede quedar completamente fuera de servicio durante toda la obra. La intervención debía ejecutarse por fases para compatibilizar los trabajos con el uso parcial del recinto, especialmente por parte de la UD Las Palmas. Esa exigencia convierte una reforma ya compleja en una operación de cirugía sobre una infraestructura viva, con restricciones de seguridad, accesos, horarios, acopios, montaje de grandes estructuras, afecciones al público y coordinación con la actividad deportiva.

Precisamente ahí se encuentra una de las claves del fracaso de la licitación. Las constructoras han advertido de que ejecutar una obra de esta escala manteniendo el uso del estadio obliga a multiplicar turnos, incrementar medios auxiliares, asumir mayores costes de coordinación y trabajar con márgenes de maniobra muy reducidos. En un territorio insular, además, cualquier gran obra depende de una logística más costosa: transporte marítimo de materiales, importación de estructuras metálicas, limitaciones de suministro, menor flexibilidad para corregir desviaciones y mayor exposición a los precios internacionales.

Presupuesto insuficiente

El presupuesto de 174,7 millones de euros, que sobre el papel puede parecer elevado, no ha sido suficiente para atraer ofertas. Según el sector constructor, el importe no refleja adecuadamente el coste real de una actuación de esta naturaleza en Canarias. La ausencia de ofertas confirma que el problema no era una diferencia puntual de margen, sino una percepción generalizada de inviabilidad económica.

El caso del Estadio de Gran Canaria vuelve a poner sobre la mesa una disfunción habitual en la contratación pública: licitaciones diseñadas con objetivos políticos o calendarios institucionales muy ambiciosos, pero sin una actualización suficiente de precios ni una valoración realista de los riesgos constructivos. Cuando el presupuesto no se ajusta al mercado, el resultado no es necesariamente un ahorro para la Administración, sino un retraso. Y en una obra vinculada al Mundial de 2030, cada mes perdido tiene un coste añadido.

El plazo de 36 meses era otro de los grandes obstáculos. Para que la obra llegara a tiempo, el contrato debía adjudicarse cuanto antes y comenzar después del verano. Sin embargo, al quedar desierta la licitación, el Cabildo se ve obligado ahora a reformular el procedimiento, revisar condiciones o explorar otras vías previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, como el procedimiento negociado sin publicidad si concurren los requisitos legales. Cualquier modificación sustancial del presupuesto, de los plazos o de los pliegos puede implicar nuevos trámites y retrasar varios meses el arranque real de los trabajos.

El riesgo para la Administración no es menor. Si se insiste en mantener los mismos precios, los mismos plazos y el mismo reparto de penalizaciones, el concurso puede volver a fracasar. Si se revisan las condiciones para hacer viable la obra, habrá que asumir que el coste final probablemente será superior al previsto. Y si se comprimen aún más los plazos para recuperar el tiempo perdido, las empresas trasladarán ese riesgo al precio o directamente evitarán concurrir.

Uno de los elementos que más rechazo ha generado en el sector es el régimen de penalizaciones por retrasos, que, según las constructoras, podía alcanzar un importe equivalente a aproximadamente la mitad del valor de la obra. En una actuación sometida a tantas incertidumbres técnicas, logísticas y operativas, una penalización de ese calibre actúa como un fuerte elemento disuasorio. No solo castiga el incumplimiento, sino que puede convertir cualquier desviación en un riesgo financiero difícilmente asumible incluso para grandes compañías.

El Cabildo mantiene el objetivo de tener el estadio listo en 2029, pero la licitación desierta obliga a recalcular. La prioridad ya no es solo adjudicar rápido, sino adjudicar bien. Para que las empresas vuelvan a mirar el proyecto, será necesario revisar precios, ajustar plazos, modular penalizaciones y repartir de forma más equilibrada los riesgos. De lo contrario, la reforma del Estadio de Gran Canaria puede convertirse en un ejemplo de cómo una gran infraestructura se bloquea no por falta de proyecto, sino por una mala lectura del mercado constructor.