La delegada de la Junta reclama la construcción de la presa de Cerro Blanco para mitigar avenidas del río Grande y garantizar el agua en Málaga tras las inundaciones
Tras los recientes episodios de lluvias intensas e inundaciones en la provincia de Málaga, la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha instado al Gobierno central a retomar y ejecutar el proyecto de la presa de Cerro Blanco sobre el río Grande, infraestructura hidráulica prevista en el derogado Plan Hidrológico Nacional (PHN) que aportaría regulación de caudales y almacenamiento de recursos hídricos de alta calidad. La propuesta, impulsada desde hace décadas, vuelve a situarse en el centro del debate técnico y político sobre gestión integrada de avenidas y seguridad hídrica.
La declaración pública de la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, se produce en un contexto de fuertes lluvias e inundaciones en diversas zonas del valle del Guadalhorce que han demostrado la vulnerabilidad del territorio ante crecidas súbitas del río Grande, principal afluente por la derecha del Guadalhorce. Navarro reclamó a las autoridades del Estado la ejecución de la presa de Cerro Blanco, una infraestructura hidráulica de regulación y embalse que figura en proyectos desde los años noventa y que, según los defensores del proyecto, podría atenuar avenidas extremas y captar agua de calidad para usos urbanos y agrícolas.
El proyecto original de la presa de Cerro Blanco, incluido en el derogado Plan Hidrológico Nacional y declarado de interés general del Estado, contemplaba la construcción de un dique de regulación aguas arriba de los municipios de Guaro y Coín, en el cauce del río Grande, con una capacidad de embalse estimada en entre 40 y 50 hectómetros cúbicos de agua de alta calidad procedente de la Sierra de las Nieves. Esta capacidad permitiría no sólo almacenar recursos hídricos para abastecimiento y riego, sino también moderar los picos de caudal durante episodios de lluvia intensa, reduciendo el riesgo de inundaciones aguas abajo.
Técnicamente, una presa de este tipo comprende un cuerpo de cierre estructural que soporta las cargas hidrostáticas de un volumen significativo de agua, con dispositivos de desagüe y regulación de descarga que permiten controlar los flujos hacia el río en situaciones de seca o crecida. Su integración en la cuenca exige estudios de geotecnia del terreno, análisis de seguridad frente a sismos y avenidas extremas, y diseño de obras complementarias de drenaje y encauzamiento.
A pesar de haber sido declarada de interés general, la presa fue neutralizada en la primera década de los 2000 después de fuertes oposiciones sociales y ambientales en la comarca del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves, que alertaron sobre impactos ambientales y territoriales, un factor que llevó a replantear la actuación incluso como un azud de menores dimensiones con capacidad reducida. Sin embargo, ninguna de estas versiones alternativas llegó a materializarse.
Con la actual sequía estructural y la creciente presión sobre los recursos hídricos de la provincia de Málaga, la propuesta de Navarro y del Gobierno andaluz no se limita a la defensa ante avenidas: incorpora argumentos sobre la seguridad del suministro urbano y agrícola en un territorio con demandas crecientes y variabilidad climática acentuada. La explotación de un embalse en el río Grande aportaría un recurso complementario a los sistemas existentes, facilitando la gestión integrada de la cuenca, la planificación de riegos y la garantía de servicios básicos en periodos secos severos.
Los defensores del proyecto señalan que, además de la infraestructura física del dique, sería necesaria una red de conducciones desde el embalse hasta las plantas de tratamiento existentes —como la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de El Atabal— y sistemas de bombeo y control automatizado de compuertas, para optimizar la captación y uso del agua según las demandas. Estudios previos, como los realizados por Acuamed en 2006, ya evaluaron la viabilidad de estas conexiones técnicas con las redes urbanas de Málaga.
Ahora, con la exigencia renovada de la delegada de la Junta y la presión de sectores económicos y sociales tras los episodios recientes de inundaciones, la presa de Cerro Blanco se posiciona nuevamente en la agenda de infraestructuras hidráulicas estratégicas. La Junta de Andalucía ha anunciado la continuación del trabajo técnico para evaluar alternativas viables y coordinar con el Ministerio para la Transición Ecológica estudios de viabilidad, impacto ambiental y diseño ingenieril detallado que permitan, en su caso, la ejecución efectiva de una obra que combine mitigación de avenidas y seguridad hídrica para Málaga y su entorno.
