Incendios en España: un verano devastador y la urgencia de una gestión forestal sostenible
El verano de 2025 será recordado como el peor año de incendios desde que existen registros en España. Según datos ofrecidos por el ministro de Agricultura, Luis Planas, hasta el 22 de agosto las llamas habían calcinado 362.472 hectáreas, de las que 35.421 correspondían a uso agrícola (un 9% del total). La magnitud del desastre ha dejado tras de sí graves consecuencias: hasta 3.000 explotaciones ganaderas afectadas, con especial incidencia en Ourense, Cáceres, León y Zamora; la pérdida de pastos esenciales para la ganadería extensiva; y daños de gran calado en el ámbito agrícola, especialmente en viñedos de Monterrey, Valdeorras y comarcas vitivinícolas de Castilla y León, así como en olivares, almendros y cítricos.
Los incendios forestales han dejado de ser un fenómeno exclusivamente ambiental para convertirse en una emergencia social, económica y territorial. La magnitud de lo ocurrido exige una revisión profunda de los modelos de prevención y gestión forestal, así como de las políticas de apoyo al sector primario.
De catástrofe ambiental a amenaza social
Los incendios ya no solo devastan ecosistemas: ponen en riesgo directo a las personas, sus viviendas e infraestructuras. Como recuerda Carlos del Álamo Jiménez, ingeniero de montes y presidente del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Instituto de la Ingeniería de España (IIE), en muchas ocasiones los esfuerzos de extinción deben centrarse en proteger a la población, lo que amplifica la extensión del fuego y multiplica los daños.
El impacto se mide en pérdida de biodiversidad, emisiones de carbono, deterioro de servicios ecosistémicos y ruina de actividades agrarias y ganaderas que sostienen el medio rural.
Una paradoja forestal: crecer no siempre es mejorar
España es el segundo país más boscoso de Europa, con más del 55% de su superficie cubierta por montes (28 millones de hectáreas). Sin embargo, este aumento de superficie no siempre es positivo.
Desde 1990, la superficie arbolada crece un 2,2% anual (frente al 0,5% de media en Europa) y la densidad forestal ha aumentado un 130% desde 1975. El resultado son bosques sobrecargados y vulnerables, con plagas, especies invasoras y una acumulación de biomasa seca que alimenta incendios de sexta generación, de una virulencia casi imposible de contener.
El 72 % de los montes españoles son de propiedad privada, pero los propietarios afrontan trabas administrativas, cargas fiscales y la falta de incentivos. Lo que antes era un recurso valioso se ha convertido en una carga difícil de mantener.
Además, una visión social, mayoritariamente urbana, rechaza la tala y obstaculiza los planes de aprovechamiento forestal sostenible. Esta situación ha derivado en bosques abandonados, mal gestionados y con un riesgo creciente de incendio.
Como insiste el ingeniero Del Álamo: “El monte rentable no arde”, porque cuando es gestionado y aprovechado por sus propietarios, se reduce la vulnerabilidad frente al fuego.
El papel de la ingeniería: gestionar para conservar
El Instituto de la Ingeniería de España y expertos forestales defienden un cambio de paradigma en la gestión forestal, que pase de lo puramente ambiental a un enfoque socioeconómico y territorial.
Entre las medidas propuestas destacan:
- Aprovechamiento energético de la biomasa como energía renovable, reduciendo la carga de combustible en los montes y generando empleo en zonas rurales.
- Redes de calor con biomasa y sustitución de equipos de calefacción obsoletos.
- Centrales de generación eléctrica de mediana potencia en zonas con exceso de biomasa, con capacidad de reducir hasta en un 60% la superficie quemada.
- Planificación territorial en interfaces urbano-forestales y agro-silvo-pastorales para minimizar riesgos.
Las medidas del Gobierno: seguros, PAC y pacto de Estado
El ministro Luis Planas defendió en el Senado el sistema de seguros agrarios, dotado con 315 millones de euros y que cubre el incendio en todas sus modalidades. También anunció que pedirá un plan de apoyo a la ganadería extensiva, reconociendo su valor preventivo.
Respecto a la PAC, rechazó los recortes planteados en Bruselas y pidió unidad política para defender un plan vital para las pequeñas y medianas explotaciones.
Finalmente, apeló a alcanzar un Pacto de Estado contra el cambio climático, subrayando que los incendios no son un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de la crisis climática.
La posición del sector agrario: burocracia y falta de eficacia
La organización Unión de Uniones ha criticado que, pese a las ayudas anunciadas, estas resultan insuficientes, lentas y burocráticas, sin llegar de forma directa a agricultores y ganaderos.
Entre sus propuestas figuran:
- Impulsar asociaciones de defensa rural, inspiradas en las Agrupaciones de Defensa Forestal de Cataluña, que permitan a agricultores colaborar en prevención y extinción.
- Fomentar la ganadería extensiva como herramienta preventiva.
- Revisar requisitos de la PAC que consideran perjudiciales para el medio ambiente.
- Modernizar la legislación de gestión forestal.
La organización valora la inclusión del pastoreo dirigido en el Real Decreto 716/2025 como herramienta de prevención, pero lamenta que la medida llegue tarde tras un verano devastador.
Conclusión: actuar ahora o repetir la historia
Los datos de 2025 son claros: el país se enfrenta al peor año de incendios de su historia reciente, con consecuencias devastadoras para la población, la economía agraria y el medio ambiente.
La ingeniería forestal y el sector agrario coinciden en un punto clave: sin gestión activa de los montes, España seguirá repitiendo cada verano el mismo drama. La biomasa, el pastoreo, la planificación territorial y el uso sostenible de los recursos son herramientas imprescindibles. Pero sin voluntad política decidida y sin un cambio en la percepción social, el riesgo seguirá aumentando.
España debe elegir entre bosques gestionados y resilientes, o bosques abandonados, secos y condenados a arder.
