El laberinto de las desaladoras catalanas: Acuamed licitará, ATL explotará y los usuarios acabarán pagando
El Gobierno y la Generalitat mantienen los planes para ampliar la desaladora de la Tordera y construir la nueva planta del Foix, pero la financiación de la primera se ha convertido en una sucesión de convenios, créditos, cambios de modelo y transferencias entre administraciones. Tras quedar descartados los fondos europeos inicialmente previstos, el nuevo esquema contempla 145 millones aportados por la Dirección General del Agua y otros 145 millones de financiación externa, previsiblemente del BEI. Acuamed construirá la instalación, ATL terminará explotándola y los 290 millones se recuperarán durante 25 años mediante la tarifa del agua. Un recorrido administrativo difícil de justificar cuando la empresa pública catalana que recibirá finalmente el activo dispone de ingresos tarifarios recurrentes y de un balance que, en principio, permitiría plantear una financiación mucho más directa.
La ampliación de la desaladora de la Tordera debería ser, sobre el papel, una operación relativamente sencilla de describir. Cataluña necesita incrementar su capacidad de producción de agua potable ante futuros episodios de sequía; la instalación costará unos 290 millones de euros; una empresa pública especializada construirá la planta y otra empresa pública especializada en abastecimiento la explotará durante las próximas décadas. En la práctica, sin embargo, el proyecto se ha convertido en un pequeño tratado de ingeniería administrativa.
La instalación, denominada Tordera II, permitirá aumentar en 60 hectómetros cúbicos anuales la capacidad de desalación existente en Blanes. Sumados a los 20 hm³ actuales, el complejo alcanzará los 80 hm³ al año. Junto a la futura desaladora del Foix, de hasta 30 hm³ anuales, forma parte de la estrategia con la que Cataluña pretende reducir su dependencia de los recursos convencionales y elevar la capacidad total de desalación de los actuales 80 hm³ hasta unos 160 hm³ anuales en el horizonte de 2029.
El esquema inicialmente acordado en 2024 entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Generalitat preveía utilizar recursos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El Estado facilitaría esos fondos en forma de crédito, Acuamed —la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas— se ocuparía de licitar las obras y ATL, el Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, realizaría su seguimiento y acabaría recibiendo la infraestructura una vez terminada. El propio Consejo de Ministros modificó después el convenio de gestión directa de Acuamed para incorporar Tordera II, valorada en 290 millones, y la desaladora del Foix, presupuestada entonces en otros 223 millones.
La Comisión Europea rechazó financiar el proyecto
Pero el mecanismo europeo no terminó funcionando como estaba previsto. La Comisión Europea rechazó que la inversión de Tordera II se financiara con los fondos del Plan de Recuperación inicialmente planteados, obligando al Estado y a la Generalitat a buscar una nueva fórmula para que el proyecto pudiera seguir adelante.
El resultado es otro esquema financiero, distinto pero todavía más enrevesado. La propuesta puesta sobre la mesa contempla que los 290 millones necesarios para Tordera II sean movilizados por Acuamed mediante dos vías. La Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, aportaría 145 millones de euros y los otros 145 millones procederían de financiación externa, previsiblemente mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Dicho de otra manera: primero iban a ser fondos europeos canalizados a través del Estado; ahora serán recursos de la Dirección General del Agua combinados con deuda probablemente contratada con otra institución europea. Y aún falta el siguiente paso. Acuamed y ATL deberán suscribir un convenio específico en el que se establezcan las garantías, las condiciones financieras y la fórmula mediante la cual se recuperará el dinero adelantado. Acuamed contempla expresamente este tipo de convenios con los usuarios o beneficiarios de sus actuaciones para determinar tanto la financiación como las tarifas y las garantías de devolución.
Los usuarios acabarán pagando vía facturas
Porque hay un matiz fundamental: que el Estado aporte o consiga inicialmente los 290 millones no significa que el Estado vaya a asumir definitivamente el coste. La inversión acabará repercutiéndose sobre la tarifa. El planteamiento comunicado por el Ministerio prevé recuperar tanto los 145 millones aportados por la Dirección General del Agua como los otros 145 millones obtenidos mediante endeudamiento. Para la primera mitad se ha planteado una actualización anual estimada del 2%, mientras que la financiación externa se recuperaría también mediante la tarifa, con una referencia del 2% de interés y un plazo máximo de 25 años desde la entrada en explotación de la instalación. La propia Generalitat ha reconocido que la inversión íntegra terminará siendo pagada a través del sistema tarifario.
Es decir, el circuito financiero puede resumirse así: el Estado pone capital en Acuamed; Acuamed busca además financiación —previsiblemente en el BEI—; Acuamed licita y construye una desaladora que, cuando esté terminada, será entregada a ATL; ATL explotará la instalación; y durante los siguientes 25 años los usuarios del sistema Ter-Llobregat irán devolviendo mediante la tarifa el dinero que permitió construirla.
El resultado final será, por tanto, una instalación destinada al abastecimiento catalán, gestionada por una empresa pública catalana y amortizada con los ingresos de la tarifa catalana, pero cuya construcción exige previamente hacer circular la financiación entre la Dirección General del Agua, Acuamed, eventualmente el BEI, la Generalitat y ATL, además de formalizar los correspondientes convenios entre administraciones.
ATL podría financiarse en los mercados
El caso resulta especialmente llamativo porque ATL no es una pequeña entidad sin capacidad económica. Es precisamente la empresa pública de la Generalitat creada para producir y suministrar agua potable y construir, conservar, gestionar y explotar la red Ter-Llobregat. Aproximadamente el 98% de sus ingresos ordinarios procede de la tarifa de abastecimiento.
Sus últimas cuentas anuales disponibles ofrecen además una dimensión suficiente para entender la cuestión. ATL cerró 2024 con 951,9 millones de euros de activos, 660 millones de patrimonio neto y 43,2 millones de efectivo y activos líquidos equivalentes. Su cifra de negocio alcanzó los 197,5 millones y generó 76,5 millones de euros de flujo de caja de explotación durante el ejercicio. El auditor emitió una opinión favorable sobre las cuentas.
No significa que ATL pudiera endeudarse automáticamente por 290 millones ni que hacerlo directamente fuera necesariamente más barato que recurrir al BEI. Una operación de esas dimensiones exigiría analizar sus límites de endeudamiento, el tratamiento de la deuda dentro del sector público autonómico, las garantías y el efecto sobre la tarifa. Pero las cifras sí plantean una pregunta difícil de evitar: si será ATL quien finalmente explote la desaladora y si serán sus propios ingresos tarifarios los que durante 25 años permitirán recuperar la inversión, ¿qué ventaja aporta interponer toda esta cadena administrativa en lugar de estructurar desde el principio la financiación alrededor de la entidad que terminará siendo responsable del activo?
El lío financiero afecta a los plazos de ejecución
No se trata sólo de una cuestión contable. También afecta a los plazos. Tordera II lleva años acumulando anuncios, acuerdos de voluntades, modificaciones de convenios y cambios en la fórmula financiera. En febrero de 2024 el Gobierno ya anunció que Acuamed desarrollaría el proyecto y que la planta estaría operativa en 2028. En julio de aquel mismo año el Consejo de Ministros volvió a modificar el convenio de gestión directa de Acuamed para incorporar formalmente las obras. Dos años después todavía ha sido necesario diseñar un nuevo sistema financiero tras frustrarse la utilización de los fondos europeos inicialmente previstos.
La desaladora del Foix se encuentra aún un paso por detrás. El Estado mantiene la actuación entre sus proyectos, pero su programación, calendario, alcance definitivo y fórmula de financiación necesitan una concreción posterior. Tordera II es la prioridad porque dispone de un proyecto mucho más avanzado, mientras que en Foix todavía deben cerrarse aspectos técnicos y económicos.
La paradoja es que ninguna de estas discusiones altera quién necesitará el agua, quién operará las instalaciones ni quién terminará pagando su coste. ATL ya ha incorporado Tordera II y Foix a su propio plan de inversiones y es el organismo al que corresponde gestionar el abastecimiento en alta del sistema Ter-Llobregat.
