La Audiencia Nacional archiva la investigación penal sobre el apagón al descartar un ciberataque o sabotaje terrorista

La Audiencia Nacional ha decidido cerrar la causa penal abierta por el gran apagón que afectó a gran parte de España y Portugal en abril de 2025, al no encontrar “ni el más mínimo indicio” de que el corte masivo de electricidad fuera provocado por un ciberataque o un acto de sabotaje terrorista. Informes técnicos de múltiples organismos especializados y de seguridad descartan cualquier intervención maliciosa en la red eléctrica y apuntan a causas de índole técnica y de operación del sistema eléctrico.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado el archivo de la investigación penal abierta tras el apagón generalizado del 28 de abril de 2025, que dejó sin suministro durante varias horas a millones de personas en la península ibérica, al no existir “un mínimo indicio” de que el incidente se debiera a un sabotaje terrorista o a un ciberataque informático contra infraestructuras críticas. La decisión se basa en una batería de informes técnicos solicitados al Centro Criptológico Nacional, al Mando Conjunto del Ciberespacio, al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y a otros órganos competentes, en los que se descarta de forma contundente la existencia de evidencias que relacionen el apagón con una intrusión maliciosa en los sistemas de control o redes eléctricas.

Los documentos revisados incluyen análisis exhaustivos de datos operativos, registros de comunicación interna y evaluaciones de seguridad de los sistemas, sin que ninguno de ellos muestre rastros de actividad cibernética dañina o manipulación externa. Además, la Policía Nacional, en un anterior informe, ya había señalado que no había señales que apuntaran a un ataque informático, tras analizar miles de grabaciones y correos electrónicos derivados de la investigación preliminar. Dado que no se han encontrado indicios de delito —ni de terrorismo informático ni de sabotaje—, el magistrado considera que los posibles conflictos de carácter administrativo o civil entre operadores del sistema eléctrico quedan fuera del ámbito penal y deben abordarse por otras vías, lo que ha llevado al sobreseimiento de la causa.

La resolución judicial coincide con las conclusiones técnicas aportadas por organismos del sector energético que atribuyen el apagón a factores técnicos relacionados con la gestión de la red y la capacidad de control de tensión del sistema, más que a acciones deliberadas de agentes externos. Con el archivo de la investigación criminal, la Audiencia Nacional cierra esta vía de pesquisa sobre la causa del apagón, aunque otras investigaciones administrativas y técnicas continuarán para comprender plenamente las circunstancias que llevaron al colapso del suministro eléctrico en 2025.

Los informes técnicos y análisis sectoriales disponibles apuntan a una combinación de factores operativos y estructurales del sistema eléctrico como causas más probables del colapso. Entre las hipótesis técnicas respaldadas por expertos y documentos intergubernamentales destacan la ocurrencia de oscilaciones muy fuertes de tensión y desequilibrios entre la generación y la demanda, que produjeron una caída abrupta de la frecuencia del sistema y la desconexión automática de protecciones en plantas de generación y líneas de transmisión, desencadenando una desconexión en cascada de gran parte de la red peninsular.

Informes independientes y análisis de instituciones técnicas sugieren que en las horas previas al apagón se observó una reducción significativa de generación síncrona tradicional (como ciclos combinados, hidráulicas o nucleares) y un incremento de producción renovable con menor inercia de red, lo que pudo reducir la capacidad de la red para amortiguar variaciones de tensión y mantener estabilidad operativa en condiciones críticas. Asimismo, se han señalado deficiencias en el rebalanceo inmediato entre generación y demanda, fallos en la gestión de la interconexión con Francia y una respuesta automatizada de protecciones que se activaron al detectar anomalías, impulsando la desconexión masiva.

Expertos energéticos han destacado que la elevada penetración de energías renovables intermitentes, junto con una red de transporte con ciertos puntos de debilidad y insuficiente margen de seguridad frente a sobretensiones, puede haber agravado la situación, haciendo al sistema más vulnerable a oscilaciones y desbalances que, una vez iniciadas, se propagaron rápidamente por la infraestructura eléctrica. Estas explicaciones técnicas, que no se basan en acciones deliberadas de agentes externos sino en circunstancias operativas y estructurales, han conformado el núcleo de las conclusiones que llevaron al archivo de la investigación penal, mientras que otras investigaciones administrativas y técnicas continúan para clarificar con más detalle lo ocurrido.