El Estado no valora la ingeniería

La ingeniería española, especialmente la ingeniería de obra pública atraviesa un momento de profunda desvalorización institucional. Esta tendencia, lejos de revertir, se ha intensificado hasta comprometer la capacidad del Estado para garantizar infraestructuras seguras, eficientes y adaptadas a los retos actuales. La realidad es incómoda, pero evidente: mientras la complejidad técnica aumenta, el reconocimiento y el apoyo a quienes deben gestionarla disminuyen.

1. La brecha salarial: un síntoma de desprecio estructural

La primera muestra de este problema es la profunda diferencia salarial entre los puestos de ingeniería y otros perfiles técnicos de la propia Administración General del Estado. Ingenieros con responsabilidades críticas —como el director de explotación de una presa, el director de una obra o el responsable de la conservación de una carretera de la red estatal— perciben salarios significativamente inferiores a los de técnicos equiparables de otros ministerios o miembros de otros cuerpos del Estado, pese a asumir niveles de responsabilidad y riesgo claramente mayores.

A esta desigualdad interna se suma otra todavía más llamativa: los ingenieros de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos están, en general, mejor valorados por sus empleadores que los del Estado, aun realizando funciones idénticas o de menor complejidad. El resultado es un Estado que, paradójicamente, ofrece las peores condiciones para los perfiles que requieren la formación más exigente y una dedicación técnica permanente.

2. La sustitución de la ingeniería pública por medios propios

El segundo problema es el uso creciente y desordenado de los medios propios, principalmente TRAGSA e INECO, para realizar tareas que deberían corresponder a funcionarios públicos por su relevancia, impacto y responsabilidad. La encomienda a INECO del puente de la SE-40 o la reciente encomienda vinculada al túnel del Estrecho de Gibraltar ilustran una tendencia preocupante: los entes instrumentales han pasado de ser apoyo técnico complementario a ocupar espacios que comprometen el papel del funcionario independiente.

A ello se suma la exención de la condición de funcionario para dirigir varias direcciones generales del ámbito del Ministerio de Transportes, debilitando aún más la profesionalización técnica y favoreciendo que órganos clave estén liderados por perfiles sin vinculación estatutaria ni garantías de imparcialidad.

El resultado es una Administración más dependiente, más vulnerable a presiones externas y menos rigurosa en la defensa del interés general.

3. Los nuevos pliegos de carreteras: un paso atrás en el control técnico

Un tercer ejemplo de esta desvalorización es el cambio de los pliegos tipo de carreteras. Hasta ahora, las licitaciones de los contratos de servicios contaban con una valoración técnica realizada por ingenieros funcionarios independientes, un mecanismo esencial para garantizar la solvencia de las ofertas y seleccionar aquellas que combinaban precio, experiencia, medios y calidad técnica.

Sin embargo, esta valoración se ha suprimido, y los pliegos pasarán a basarse exclusivamente en criterios automáticos. Ello previsiblemente generará:

• Bajas temerarias más agresivas y con ello menor calidad y mayor conflictividad contractual.
• Ofertas menos solventes, basadas casi exclusivamente en el precio.
• Más dificultades en la dirección y ejecución de los contratos, al primarse la baja económica frente a la calidad técnica de los adjudicatarios.

Una ironía amarga subyace en esta decisión: en los recientes casos de corrupción en el sector, todos los imputados son políticos, altos cargos nombrados por políticos o directivos de empresas constructoras y públicas. La respuesta institucional, sin embargo, ha sido debilitar el control técnico, no reforzarlo.

Las consecuencias: fuga de talento, desprofesionalización y deterioro institucional

Las repercusiones de esta deriva son ya visibles:

• Fuga constante de ingenieros hacia otros Ministerios, Administraciones territoriales o el sector privado, donde encuentran mejores condiciones, mayor reconocimiento y mayor estabilidad.
• Desinterés creciente por los cuerpos de ingeniería del Estado, con vacantes desorbitadas en cada convocatoria de proceso selectivo, especialmente por aquellos como el de Caminos, cuya exigencia académica —incluido el máster habilitante— contrasta con las escasas perspectivas laborales.
• Rebaja de los requisitos de titulación y experiencia para puestos clave, deteriorando la calidad de la planificación, supervisión y gestión de infraestructuras.
• Incremento del estrés laboral y del sentimiento de desamparo institucional entre los profesionales encargados de garantizar la seguridad y el funcionamiento de las infraestructuras públicas.

Una Administración que no cuida a sus ingenieros es una Administración que renuncia a su capacidad para liderar el desarrollo del país.

Un llamamiento a la sociedad: no resignarse

Pese a todo, no estamos ante una situación irreversible. La sociedad española debe exigir que sus infraestructuras —de las que dependen la seguridad, la economía y la calidad de vida— sean proyectadas, dirigidas y supervisadas por técnicos competentes, solventes e independientes. Que el dinero público se invierta con eficiencia y rigor. Que la conservación y explotación de nuestras obras públicas sea gestionada por profesionales con capacidad y criterio.

Y para ello es imprescindible que el Estado recupere y valore su ingeniería, como garantía de futuro y de servicio al ciudadano.

Renunciar no es una opción. Exigir excelencia sí lo es. Y es, hoy, más necesario que nunca.