La empresa semipública Egevasa, participada por Aguas de Valencia (del grupo Global Omnium), acusada de irregularidades en la contratación

La querella presentada por el sindicato Manos Limpias ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia amplia de forma considerable el alcance de la investigación sobre adjudicaciones vinculadas al ciclo del agua en la provincia. Doce cargos públicos pertenecientes a seis formaciones políticas (Partido Popular, PSOE, Compromís, Ens Uneix, Ciudadanos y Vox) y la empresa Global Omnium son denunciados por los delitos de prevaricación, cohecho y fraude en la contratación pública.

La querella señala que Egevasa —participada al 51 % por la Diputación de Valencia y al 49 % por Aguas de Valencia (Grupo Global Omnium)­— habría favorecido sistemáticamente a empresas vinculadas al socio privado. Se trata, según el escrito, de un entramado con adjudicaciones realizadas “a precios sin rebajas, con la certeza de que no habría competencia” y mediante procedimientos de licitación irregulares, entre 2018 y 2023, por un importe que supera los 80 millones de euros.

El foco se dirige con especial intensidad a Aguas de Valencia por su papel como socio privado de la empresa mixta. Desde la querella se asegura que algunas licitaciones se tramitaron como procedimientos “conjuntos” entre Egevasa y sociedades vinculadas a Aguas de Valencia, algo que la ley de Contratos del Sector Público prohíbe cuando una entidad pública y otra privada actúan de forma coordinada para adjudicar.

En un caso destacado, se denuncia un contrato estimado en 129,3 millones de euros adjudicado en 2023 para “aprovisionamiento de material relacionado con el ciclo integral del agua“ que, según la querella, fue adjudicado sin ninguna rebaja sobre el presupuesto base y con la presencia de un solo licitador, empresa filial de Global Omnium.

Además, la investigación está avanzando hacia personas físicas vinculadas a Aguas de Valencia / Global Omnium: el juez ha decidido citar como testigos al consejero delegado del grupo, al director de compras y a la responsable de la unidad de contratación tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción.

La respuesta institucional ha sido la apertura de una auditoría interna por parte de la Diputación de Valencia para revisar los contratos gestionados por Egevasa durante la etapa de gobierno socialista. La auditoría busca determinar si las prácticas investigadas se ajustaban a la legalidad y si persisten hoy modelos similares de adjudicación.

Para la empresa semipública del agua en la Comunidad Valenciana, esta causa plantea varias consecuencias: en primer lugar, el riesgo reputacional de que la gestión del ciclo del agua quede asociada a prácticas opacas, lo que afecta a la confianza de los usuarios, inversores y organismos de financiación. En segundo lugar, desde el punto de vista técnico y de ingeniería de infraestructuras, el supuesto flujo de contratos hacia sociedades privadas vinculadas amenaza la competencia real en el mercado de obras, servicios y suministros del agua. Esto podría derivar en ineficiencias, encarecimiento de servicios y menor calidad de ejecución. Por último, el caso abre la puerta a revisar los modelos de gobernanza de entidades mixtas que combinan participación pública y privada, especialmente cuando el socio privado actúa también como proveedor del servicio.

La actuación judicial continúa su curso mientras Aguas de Valencia y Global Omnium no han emitido declaraciones públicas significativas al respecto. Las entidades implicadas tendrán que hacer frente no solo a un proceso penal potencialmente amplio, sino también a exigencias de transparencia y nuevas regulaciones en materia de contratación pública del sector hídrico.